Mejora la calidad normativa y la seguridad jurídica al incorporar en un único texto las diversas normas con rango legal que han modificado la Ley de Prevención y Control integrados de la contaminación desde su aprobación en 2002.
El pasado viernes 16 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó, mediante un real decreto legislativo, el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (Ley IPPC).
Este texto refundido mejora la calidad normativa y la seguridad jurídica en la materia, al incorporar en un único texto legal la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, así como las diversas normas con rango legal que la han modificado desde su aprobación en 2002. De esta forma, se regulariza, aclara y armoniza su contenido, lo que redundará en la mejora de su aplicación y en la configuración de un ordenamiento más accesible, actualizado y de calidad.
Esta norma, por tanto, refunde las diversas normas vigentes que inciden en el principio de prevención y control de la contaminación generada por las más de seis mil instalaciones existentes actualmente en España a las que son de aplicación.
Para ello, se supedita la puesta en marcha de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación a la obtención de una Autorización Ambiental Integrada, que debe concederse de forma coordinada cuando en el procedimiento intervengan varias autoridades competentes.
En este permiso se fijan las condiciones ambientales que se exigen para la explotación de las instalaciones y, entre otros aspectos, se especifican los valores límite de emisión de sustancias contaminantes al aire, al agua y la gestión de los residuos, así como la protección del suelo, que se basarán en las mejores técnicas disponibles en el ámbito europeo.
Reducir emisiones.
El principio de prevención en el funcionamiento de las instalaciones industriales más contaminantes se estableció con la aprobación de una Directiva comunitaria del 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación.
En la citada Directiva se establecieron medidas para evitar o, al menos, reducir las emisiones de estas actividades en la atmósfera, el agua y el suelo, incluidos los residuos, con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente en su conjunto. Esta Directiva fue incorporada al ordenamiento jurídico español a través de la mencionada Ley de prevención y control integrado de la contaminación, del 1 de julio de 2002.
Con el mismo principio integrador, otra Directiva comunitaria del 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales, derogó la anterior Directiva y trató de incorporar las conclusiones de la “Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica”, la “Estrategia temática sobre la prevención y reciclado de residuos”, y la “Estrategia temática sobre la protección del suelo”, lo que dio lugar a la modificación de la normativa española en vigor, para su transposición, con el objetivo de responder a la necesidad de obtener mejoras de la salud pública y ambientales asegurando, al mismo tiempo, la rentabilidad, y fomentando la innovación técnica.
En el momento en que este real decreto legislativo sea publicado en el B.O.E. les remitiremos el texto final.
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