El Congreso de los Diputados aprobó el pasado miércoles 23 de marzo la Proposición de Ley presentada por CIU para la modificación de la Ley 3/2004, lo que permitirá a las empresas cobrar con mayor prontitud, tanto de las administraciones públicas como de otras empresas privadas. Como consecuencia de ello, las empresas tendrán que pagar a 60 días y las empresas públicas a 30 días a partir de 2013, si bien estos objetivos se alcanzarán de forma escalonada en los próximos tres años.
SECTOR PÚBLICO
Los plazos de pago del SECTOR PÚBLICO se reducirán a un máximo de treinta días a partir del 1 de Enero de 2013, siguiendo un período transitorio para su entrada en vigor: una escala de 50 días para este año y para 2011 y de 45 días para 2012.
Por otra parte, se articulará un procedimiento efectivo y ágil para hacer efectivas las deudas de los poderes públicos, y se establecen mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago, a través de informes periódicos a todos los niveles de Administración y del establecimiento de un nuevo registro de facturas en las Administraciones locales.
EMPRESAS PRIVADAS
En el caso del sector privado, el plazo máximo de pago será de 60 días a partir del 1 de enero de 2013 (excepto los pagos de productos de alimentación frescos y perecederos, que no excederán en ningún caso de 30 días desde la fecha en que el deudor recibiera la factura o una solicitud de pago equivalente).
Se establece igualmente un periodo transitorio: al largo de 2011 será de 85 días y de 75 días en 2012. El plazo de los 60 días computará a partir de de la fecha de recepción de las mercancias o de prestación de los servicios (o, en su caso desde la fecha en la que se acepte o verifique la conformidad de los bienes o servicios con lo dispuesto en el contrato, si así se hubiese estipulado en el mismo), también en los casos en que el deudor reciba la factura o solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios.
Se suprime la posiblidad de ampliar dicho pago por acuedo entre las partes. El texto acordado establece asimismo que los proveedores deberán hacer factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes antes de que se cumplan los trenta días desde la fecha de recepción efectiva de las mercancias o prestación de los servicios, y que la repeción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura y la recepción por el interesado.
Por otra parte se refuerza el derecho a percibir indemnización (al poder los acreedores reclamar indemnizaciones por los costes de cobro vía reclamación judicial o financiera con el límite del 15% para deudas superiores a 30.000 euros), se amplía la posibilidad de que las asociaciones denuncíen prácticas abusvas en nombre de sus asociados, y se promueve la adopción de códigos de buenas prácticas en materia de pagos.
Asimismo se realizará un seguimiento específico de la evolución de los plazos de pago en los diferentes sectores económicos y de la morosidad en las transacciones comerciales, así como de los resultados de la práctica y eficacia de la presente Ley, a través de la creación de un observatorio de morosidad dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el cual contará con la participación de las asociaciones multisectoriales de ámbito nacional y autonómico, y de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM). De este modo, el Gobierno remitirá anualmente un informe a las Cortes Generales sobre la situación de los plazos de pago, que permita analizar la eficacia de la presente Ley. Dicho informe será igualmente publicado en la página web del Ministerio.
Según estimaciones de la PMCM, esta reforma que a continuación pasará al Senado para su ratificación, puede suponer una inyección en el tejido de las pymes equivalente a más de 6.400 millones de euros, y a más de 3.000 millones para las grandes firmas. Si, además, el sector público pagase a tiempo, ahora lo hace a 154 días, cuatro meses más tarde de lo que debería, se devolverían a la economía real más de 9.300 millones de euros, casi otro 1% del PIB, de acuerdo con la consultora Intrum Justitia.
POr otro aldo, según la encuesta reciente realizada por la PMCM a más de 95.000 empresas, y los datos del propio Gobierno, se estima que el cumplimiento de la ley podría salvar en total 600.000 puestos de trabajo.
