La nueva ley 17/2009 introduce los principios generales de la Directiva de Servicios en nuestro ordenamiento jurídico.
El objetivo de la Ley es garantizar la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios eliminando el régimen de autorizaciones previas que su sustituye por la declaración responsable del prestador de servicios.
Para ello, se creará una ventanilla única, donde se podrán realizar de manera ágil todos los trámites administrativos -europeos, nacionales, autonómicos y locales- para poder desarrollar la actividad de servicios en cualquier país europeo.
En la práctica la ley va a suponer la modificación de 46 leyes estatales en las siguientes áreas: administración pública (3), consumo (1), servicios profesionales (3), empleo (4), servicios industriales y construcción (6), energía (3), transporte y comunicaciones (7), medioambiente y agricultura (13), sanidad (3), propiedad intelectual (1), otras (2).
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