El recurso contencioso administrativo presentado frente al decreto del Consell 141/2012 es un ejemplo más de hasta dónde está dispuesta a llegar la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante, FEMPA, para defender los intereses de las empresas instaladoras y mantenedoras de electricidad.
Así quedó de manifiesto durante las III Jornadas Técnicas Provinciales para instaladores de electricidad y telecomunicaciones que congregó, en el Centro de Excelencia del Metal, a más de 150 personas, entre empresarios, representantes de la Administracion autonómica y nacional, y de instituciones y empresas suministradoras y proveedoras del sector. Unas jornadas que fueron clausuradas por el Secretario Autonómico de Industria y Comercio, José Monzonís, quién destacó la importancia de defender a las pymes en estos momentos tan complicados.
“El acceso a información técnica especializada, la formación de vanguardia y dotar a los empresarios de nuevas herramientas que faciliten su actividad diaria constituyen uno de nuestros objetivos prioritarios. Es el momento de apoyar al máximo a nuestras empresas y prestarles servicios de valor añadido”, expresaba Guillermo Moreno durante la apertura de las jornadas en las que se profundizó sobre la situación de los mantenimientos de los centros de transformación y de las subestaciones eléctricas cuando el próximo 1 de abril finalice la moratoria comprendida en el decreto del Consell 141/2012.
A pesar del recurso presentado, FEMPA y la Conselleria mantienen una excelente relación basada en la estrecha colaboración entre ambas instituciones y tal y como destacó el subdirector de Industria, Francisco García. “Fruto de las reuniones mantenidas y de la cooperación con los empresarios, desde la Conselleria ya estamos trabajando en potenciar, desde los servicios territoriales, actuaciones ante denuncias de instalaciones ilegales y en la creación de una base de datos con los centros de transformación de toda la comunidad, su ubicación y características técnicas”.
Actuaciones en defensa del sector
Las Federaciones del Metal de la Comunidad Valenciana, FEMPA, FEMEVAL y FEMECAS, como representantes de las empresas del sector eléctrico de Alicante, Valencia y Castellón, respectivamente, nada más conocer el propósito del Consell para la adaptación de la Directiva Europea de Servicios, se coordinaron, se reunieron con los responsables de la Conselleria y presentaron muchas iniciativas para evitar la derogación de la Orden de 9 de diciembre de 1987 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, sobre mantenimiento de Subestaciones Eléctricas y Centros de Transformación. En principio, obtuvieron la actual moratoria de 6 meses pero, sin embargo, fueron muchas más las propuestas presentadas.
Hasta la publicación del decreto del Consell, FEMPA, en representación de las empresas del sector de la provincia de Alicante, presentó una serie de alegaciones y hasta una propuesta de modificación de la Orden de 9 de abril de 1987, modernizándola y adaptándola al espíritu de la Directiva Europea de Servicios de 2006.
Estas no fueron las únicas acciones emprendidas sino que desde la Federación se solicitó la incorporación de las compañías suministradoras de energía de la zona a las mesas técnicas para estudio de la derogación de la orden, dada la incidencia de las comprobaciones y verificaciones en la calidad del suministro eléctrico.
Desde la Conselleria ya se han puesto manos a la obra para luchar contra el intrusismo profesional y la competencia desleal, dando respuesta a la sempiterna demanda de los empresarios del metal alicantino. Tras las reuniones previas al decreto del Consell, se ha conseguido una mayor vigilancia por parte de la Administración si bien hace falta redoblar esfuerzos y dotar el sistema de mayor agilidad, a través de la creación de un boletín de denuncia y la presentación sistemática por parte de la Federación ante el Servicio Territorial. Ello debe ir acompañado de una campaña para reforzar la imagen de los instaladores que cumplen con la legalidad, que compiten lealmente y que invierten en formación, sistemas de aseguramiento de la calidad, prevención de riesgos laborales, y en seguridad industrial, “porque con ello, son garantía de calidad y profesionalidad para los consumidores y usuarios, y pueden responder ante los trabajos efectuados”, explican desde FEMPA.
Si esas reuniones previas que mantuvo la Conselleria con FEMPA provocaron la moratoria de 6 meses, la Federación alicantina ya ha instado al Consell para un nuevo aplazamiento para que no se derogue la actual orden hasta que el nuevo reglamento nacional esté aprobado.
“Precisamente, la estrecha relación que mantenemos con los grupos de trabajo que intervienen en la redacción, seguimiento y evolución del proyecto de Real Decreto, nos permite tener un conocimiento directo del contenido y de la situación en la que se encuentra el futuro reglamento nacional”, informaba Guillermo Moreno.
En este sentido, y hasta que no entre en vigor el nuevo Reglamento nacional, FEMPA ha propuesto a la Conselleria, en el ejercicio de sus competencias en materia de seguridad industrial y con el fin de salvar el vacío transitorio, crear un Registro Industrial. Ello viene motivado porque al derogarse la órden autonómica, desaparece el REMAT (Registro de Empresas Mantenedoras de Alta Tensión) y el traslado de datos por los órganos territoriales competentes al Registro Integrado Industrial, e imposibilita la presentación directa por los titulares ante ese registro de ámbito nacional.
Independientemente y en paralelo al recurso contencioso administrativo presentado, FEMPA ha planteado la necesidad de incluir la obligatoriedad de acreditar la capacidad técnica y cualificación del personal que interviene en las actividades de mantenimiento. Por otro lado, los empresarios ven necesario impulsar un sistema de certificación de personas como sistema alternativo de acreditación de competencias para el ejercicio de la actividad con base al certificado de profesionalidad, acreditado por ENAC.
Asimismo, y tras la reciente creación del fichero de datos de carácter personal denominado “Censo de centros de transformación de abonado”, FEMPA va a presentar, en trámite de Audiencia, alegaciones sobre el mismo al observar, por ejemplo, la ausencia de mención a la vigencia y actualización de los contratos de mantenimiento (necesarios antes de la puesta en servicio), y a las inspecciones iniciales y periódicas.
Finalmente, cabe destacar otras propuestas de FEMPA, siempre en defensa del sector y para favorecer la actividad de las empresas instaladores, como son la Guía técnica para el diagnóstico y actuación ante las perturbaciones de tensión en las instalaciones eléctricas, o, con el uso de las nuevas tecnologías, una plataforma participativa para la denuncia de situaciones de falta de seguridad en centros de transformación y líneas de alta/baja tensión y el establecimiento del Libro de Mantenimiento y Control, con presentación vía telemática.
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