Fuente Expansión
El Gobierno de Mariano Rajoy prepara la traca final de una agotadora reforma eléctrica que parece no tener fin. Se trata de la nueva ley prevista para mediados de este año y que supondrá recortes generalizados para todos los sectores, así como una misteriosa reforma del mercado mayorista (pool), según las filtraciones que se han producido. Dicen que el equipo energético del Ministerio de Industria, con el secretario de Estado, Alberto Nadal, a la cabeza, trabaja a fondo en unas medidas, que, dado el imparable derrumbe de la demanda, podría nacer desfasada.
En el plano estrictamente formal, y frente a los disparates del año pasado, el sector reconoce a Nadal su disposición a escuchar las ideas de unos y otros. Las empresas no han querido desaprovechar tanta comprensión y todas ellas están haciendo llegar sus propuestas con la esperanza de que tengan cabida en la reforma final.
Está por ver si esta actitud negociadora por parte del ministerio es sincera o solo una pose para ganar tiempo, y si, finalmente, le va a ser posible encajar los intereses dispares de las grandes y las pequeñas eléctricas; de las tecnologías tradicionales y las renovables; del transporte y la distribución y de los consumidores y el propio Gobierno.
Fuentes conocedoras del proceso aseguran que el equipo energético de Industria se enfrenta a un serio problema a la hora de abordar los nuevos cambios: la necesidad de ver si las medidas aprobadas hasta ahora lograrán contener este año el déficit de tarifa y la de comprobar hasta dónde llegará la crisis, que se saldó el año pasado con una caída de la demanda del 1,5%. Un descenso que volverá a repetirse este año, según REE.
Cerradas las liquidaciones del año pasado, la CNE acaba de cerrar sus cálculos oficiales: el déficit tarifario alcanzó los 5.700 millones de euros en 2012 y el acumulado se acerca a los 26.000 millones.
Un vez encauzado el déficit de ese año por la senda de la titulización, para 2013, el Gobierno había puesto sus esperanzas en los impuestos energéticos que se están aplicando desde el 1 de enero, y cuya recaudación se destinará a sufragar costes del sistema. También en el crédito extraordinario de 2.200 millones que Hacienda se ha prestado a otorgar a Industria para la tarifa, así como los beneficios del resto de medidas aprobadas este año.
Por ejemplo, la de forzar a las renovables a cobrar una tarifa tras eliminar la opción de que cobren el precio de mercado compensado, en su caso, con una prima. O el ahorro que supondrá la ley para la reforma de los sistemas eléctricos de las islas, en trámite parlamentario.
Por el momento, los sobrecostes de estos sistemas en 2013 siguen en el limbo (aunque el Estado debe asumirlos, la experiencia hace temer que la Ley de Presupuestos del próximo año vuelva a desentenderse de los mismos). Además, la caída de la demanda (y por tanto de los ingresos del sistema) sigue imparable y podría dar al traste con lo previsto en la orden de peajes para este año.
La recaudación de los impuestos energéticos será, asimismo, inferior de lo esperado por el descenso de la producción debido al menor consumo. Además, las primas se las renovables, que podían haberse contenido por el descenso de los precios de la energía, si el Gobierno hubiese mantenido la opción de las renovables de acudir al mercado, han aumentado en lo que va de año.
Para remate, en un acto de irresponsabilidad, para unos, o de fe en que las medidas aprobadas hasta ahora evitarían desajustes de la tarifa este año, para otros, el Gobierno ha decidido congelar los peajes de los dos primeros trimestres del año. Ello, pese al descenso del precio de la energía en marzo, que podría haberla compensado.
Con estos mimbres, el Ministerio de Industria se dispone a aplicar nuevos recortes -dicen- al régimen ordinario, al régimen especial, al transporte y a la distribución. Sin embargo, el margen de que dispone para ello difícilmente eliminará, según los expertos, los desequilibrio financiero del sistema.
El Gobierno también estudia una reforma del mercado mayorista de la electricidad que, es, por el momento, la medida más debatida. Las grandes eléctricas arremeten contra un mercado marginalista en el que las renovables -por tener prioridad- hunden el precio diario (muchas horas a cero) que cobran quienes contratan en él, mientras ellas reciben un precio regulado. Un mecanismo -critican- que ha expulsado a combustibles como el gas, penalizado además por el carbón nacional, una energía más cara que también tiene un precio regulado.
La opción que se baraja es que el pool se mantenga como un mero mercado de ajustes y que la mayor parte de las transacciones (un 90%) se haga mediante contratos bilaterales.
Los críticos (o, al menos, quienes consideran que esto no solucionaría ese problema) aseguran que cualquier alternativa o va contra las directivas comunitarias o generará más déficit.
Además, el problema del precio cero, no se solucionará sacando o metiendo a las renovables del mercado ni eliminando este. Si no se quita demanda, aunque se recorte la oferta, la formación de los precios será la misma, sea cual sea el tipo de mercado. Y recordar que buena parte de la contratación se hace al margen del pool.
