Diferentes medios y agencias de comunicación se han adelantado a la decisión que hoy, presumiblemente, va a tomar el Consejo de Ministros sobre la reforma eléctrica en nuestro pais, una reforma que viene precedida por la polémica abierta entre el Ministerio de Industria y de Hacienda.
El principal escollo se encuentra en que el problema del déficit de tarifa radica en los costes regulados y que los ingresos no llegan siquiera para pagar los costes del sistema. Los ingresos son de 18.000 millones de euros (14.000 correspondientes a los peajes y 4.000 a ingresos fiscales), mientras los gastos se elevan a 22.000 millones. Según las previsiones iniciales, el reparto para cubrir el desfase era de 300 millones sobre los consumidores; entre 400 y 500 en la distribución y transporte; 800 en las primas de renovables, así como 2.200 con cargo a Presupuestos, incluyendo los costes extrapeninsulares. (¿quieres conocer cómo se estructura el coste de la energía?)
Para atajar el déficit, durante el año pasado y éste, el Gobierno adoptó una serie de medidas por importe total de 10.178 millones. De esa cifra, 3.955 correspondieron a los Presupuestos. Los restantes 6.223 recayeron principalmente sobre las empresas del sector (reducción de primas, transporte, distribución…) e impuestos a la generación. Según el Ministerio, de no haber tomado esas medidas, el déficit habría sido de 10.000 millones, y que, pese a ello, es de 4.000 millones.
La reforma tiene como objetivo aplacar este deficit de tarifa estructural de 4.000 millones de euros. En términos acumulados, el déficit de tarifa suma ya 26.000 millones y se ha convertido en un problema que amenaza con desbordar el ámbito eléctrico.
Industria ha insistido en que la solución al desajuste en el sistema eléctrico debe ser compartida por consumidores, operadores y por la Administración, a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El objetivo de Industria era que los Presupuestos asumieran los 1.800 millones, pero, según diversas fuentes, Hacienda asumiría alrededor de la mitad de esta partida.
El principal recorte se producirá previsiblemente en la actividad regulada de distribución, de hasta el 20%, lo que complicará las nuevas inversiones e incluso podría afectar a la calidad del suministro, según fuentes consultadas por los diversos medios de comunicación.
Además de cargar las tintas en el negocio de las redes, Industria, que ha venido reiterando que los recortes se harán respetando una rentabilidad razonable de los activos, ha decidido mantener una tasa de retorno de la inversión del 7,5% para las energías del régimen especial y del 6,6% para el resto de las infraestructuras tradicionales (una diferencia entre ellas de 100 puntos básicos que no se justifica, según las grandes eléctricas). Una “clara discriminación”, señalan, que responde también a la decisión de Hacienda de que el recorte sea menor para las energías verdes.
Sin embargo, la lectura de las renovables es otra muy diferente. A estas se les comunicó lo que consideran un “cambio radical del sistema de primas”. Según fuentes de estas compañías, el Gobierno ha planteado un sistema de retribución fija a la inversión por megavatio instalado y no a la producción, de tal manera que se pagará una tasa de rentabilidad del 7,5% a contar desde que se montó el parque, por lo que si han recibido una rentabilidad superior hasta ahora, se podría dar la paradoja de que deberán dinero al sistema. Acciona, Abengoa y ACS calculan que el recorte para las renovables será de 1.500 millones, una cifra similar para las eléctricas tradicionales y REE.
La reforma incluye, asimismo, la posibilidad de que se cierren o hibernen centrales de ciclo combinado, que, como consecuencia de la crisis de la demanda, apenas funcionan al 10% de su capacidad.
Todas estas apreciaciones no se harán realidad hasta que el Consejo de Ministros apruebe, presumiblemente hoy, la anunciada reforma eléctrica
