Informe aclaratorio sobre la situación actual del Reglamento de seguridad privada

A raíz de la publicación del Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, para adaptarlo a las modificaciones introducidas en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, surgieron dudas respecto a las empresas relacionadas con equipos técnicos de seguridad.

 

En este sentido, la Federación se puso en contacto con la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana para aclarar en que situación quedan los prestadores de servicios o filiales de empresas de seguridad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, que por la disposición adicional quinta que se añade al Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, quedan excluidos de la legislación de seguridad privada.

 

Para dar solución a estas dudas, La Unidad Central de Seguridad Privada perteneciente a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil ha publicado un informe para despejar las dudas surgidas en este punto.

 

Dicho informe viene a decir que de la literalidad de las Disposiciones Adicionales Sexta y Quinta, respectivamente, de la Ley y del Reglamento de Seguridad Privada, así como del apartado 1.e) de sus artículos 5 y 1, respectivamente, y del texto del apartado segundo del artículo 39.1 del Reglamento, que equipara, a efectos legales de instalación y mantenimiento, las Centrales Receptoras de Alarmas (CRA) con los llamados Centros de Control o de video vigilancia (CECON), a los que el propio Reglamento define como “los lugares donde se centralizan los sistemas de seguridad y vigilancia de un edificio o establecimiento y que obligatoriamente deban estar controlados por personal de seguridad privada”, se desprende que, a los esenciales fines interpretativos, lo siguiente:

 

a) Empresas de Seguridad: Quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la legislación de seguridad privada, las empresas de seguridad inscritas en el Registro de Empresas del Ministerio del Interior, autorizadas para la actividad de instalación y mantenimiento de equipos o sistemas de seguridad que incluyan, entre sus actividades legales, la prestación de servicios de conexión a centrales de alarma o a centros de control o de video vigilancia, o se dediquen a cualquier otro de los fines, exclusivos y excluyentes, de seguridad privada establecidos legalmente.

Estas empresas de seguridad, además de dedicarse a las anteriores actividades, podrán también realizar toda clase de instalaciones y mantenimientos de cualquier otro tipo de aparatos, equipos, dispositivos o sistemas de seguridad, así como vender o entregar dichos productos de seguridad, siéndoles de aplicación, en estos casos, la legislación sectorial correspondiente, particularmente en materia de homologación de productos de seguridad.

 

b) Empresas de Servicios: Quedan excluidas de la legislación de seguridad privada, los prestadores de servicios o las filiales de las empresas de seguridad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan aparatos, equipos, dispositivos o sistemas de seguridad, siempre que no incluyan entre sus servicios la conexión con centrales de alarmas o la instalación y mantenimiento de centros de control o de video vigilancia, y que no se dediquen a ninguna otra de las actividades, exclusivas y excluyentes, de seguridad privada establecidas legalmente.

Estas empresas tendrán la consideración de empresas de servicios y no podrán inscribirse en el Registro de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior ni prestar, en consecuencia, ningún tipo de actividad o servicio de seguridad privada, aplicándoseles, en caso contrario, además de la legislación sectorial correspondiente, particularmente en materia de homologación de productos de seguridad, el régimen sancionador propio de las empresas no inscritas o intrusas.

 

Por lo tanto, y en virtud del contenido de la modificación normativa, cualquier empresa o prestador de servicios, independientemente de que sean o no de seguridad, podrán realizar instalaciones y mantenimientos de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad que no vayan a conectarse a centrales de alarmas o a centros de control.

 

Esto está fundamentado en el origen de la reforma sufrida por la normativa de seguridad privada, que no es sino la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, sobre modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y concretamente en el artículo 14 de la misma (Ley Ómnibus).

 

Además de aportar luz sobre este aspecto, el informe también aclara otros aspectos importantes sobre las conexiones de estos dispositivos, empresas inscritas en el Registro de Empresas de Seguridad, sanciones, etc. que se pueden consultar descargando el informe completo y que ponemos a su disposición.

 

Para consultar el Real Decreto 195/2010, pulse aquí.

 

Para consultar el informe completo, pulse aquí.