Tal y como venimos informando, la Generalitat Valenciana ha optado por suprimir el marco regulatorio de determinadas de actividades industriales tales como fontanería, automoción y mantenimiento eléctrico y de ascensores, entre otras, como única opción para incorporar a la legislación autonómica la Directiva de Servicios 2006/123/CE y su transposición al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 17/2009 de libre acceso a las actividades y servicios y su ejercicio. Sin embargo, existen otras alternativas que evitarían las graves consecuencias que esta desregulación supondría tanto en seguridad industrial como en otros muchos aspectos para los consumidores y usuarios, y para las empresas y trabajadores, ya de por sí muy perjudicadas por la actual crisis económica. No hay más que comprobar como otras regiones, Aragón, Cataluña o Murcia, etc no han optado por la deregulación
Desde que FEMPA tuviera conocimiento de los planes de la Generalitat Valenciana ha presentado numerosas alegaciones, al tiempo que se ha reunido con diferentes dirigentes de la Conselleria.
De momento, se ha conseguido aplazar la aprobación del Decreto, aunque, sin embargo, la Administración Autonómica no parece interesada en escuchar a nuestro sector.
Por ello, y ante la inminente aprobación de este cambio legislativo, el próximo jueves se presentarán nuevas alegaciones buscando una salida a la desregulación planteada por el gobierno autonómico.
Hay que recordar que si bien el objetivo esgrimido por la Generalitat es adaptar y adecuar la normativa autonómica a la conocida directiva de servicios, la ley Ómnibus, FEMPA entiende que dicha directiva no tiene que implicar necesariamente la desregulación de las citadas actividades industriales.
“La falta de un marco regulatorio incide en la seguridad industrial, en la seguridad vial y en la salud humana, además de afectar directamente a empresas y trabajadores del sector, así como a consumidores y usuarios ya que contribuirá a fomentar el intrusismo profesional y la economía sumergida, y crea un agravio comparativo con los profesionales valencianos debido a que en comunidades colindantes como Murcia, Cataluña o Aragón, ejercer esas mismas actividades sí que requieren ciertos requisitos”, explicaban desde FEMPA.
