El Senado ha aprobado el nuevo texto de reforma de la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, que recoge mejoras sustanciales con respecto al surgido del Congreso a finales de marzo, incorporadas gracias a las consultas y trabajos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) con los grupos parlamentarios.
El texto legal aprobado por el Senado confirma el cómputo del plazo máximo de pago de 60 días a partir de la fecha de recepción de la mercancía o prestación del servicio, y no de la factura. Este plazo se acorta a 30 días con la misma regla de cómputo para el caso de los productos frescos. La Ley insta al Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) a promover que las memorias anuales de empresas auditadas incluyan de forma obligada información sobre sus plazos medios de pago a proveedores.
Esta mayor transparencia, imprescindible para la aplicación de la Ley, se completa con la confirmación del papel de las organizaciones patronales en la defensa de los intereses de sus asociados en este campo. Estas entidades podrán promover denuncias ante órganos administrativos y judiciales.
Esta aprobación histórica ha exigido tener en cuenta la singularidad de muchos sectores y actividades. La gran distribución podrá liquidar facturas agrupadas con ciertos límites, a la vez que se mantiene el calendario de aplicación gradual hasta 2013 para el sector privado y las Administraciones Públicas, ya pactado en el Congreso. Para adaptarse a la Ley, los contratos de suministro deberán modificarse en un plazo máximo de tres meses y se aplicará un régimen provisional y excepcional para los proveedores de obras públicas, cuyos plazos de cobro serán en cualquier caso mejores que los actualmente vigentes. Las administraciones locales también contarán con financiación del ICO para hacer frente a sus pagos pendientes con pymes y autónomos.
