El Parlamento Europeo aprobó el pasado día 11 de septiembre la nueva Directiva sobre eficiencia energética que introduce medidas obligatorias para el ahorro de energía en los estados miembros. El texto acordado con el Consejo obliga a renovar un mínimo de edificios públicos e impone auditorías energéticas a las grandes empresas. Además, los Gobiernos deberán fijarse un objetivo de eficiencia energética y presentar un plan de acción cada tres años, en 2014, 2017 y 2020. Bruselas evaluará en junio de 2014 los progresos alcanzados.
En concreto, esta nueva ley europea exigirá a los gobiernos nacionales renovar cada año el 3% de la superficie total de “los edificios con calefacción y/o sistema de refrigeración que tenga en propiedad y ocupe su administración central” y con una superficie de más de 500 m2.
Por otra parte, los países de la UE deberán imponer a las compañías energéticas en su territorio un porcentaje de “ahorro de energía acumulado” mínimo para 2020. Dicho ahorro no podrá ser inferior al 1,5% de las ventas anuales de energía a clientes finales entre 2014 y 2020.
Respecto a las grandes empresas privadas, la nueva Directiva les obligará a someterse cada cuatro años a una auditoría energética que se iniciará tres años después de la entrada en vigor de la Directiva y correrá a cargo de expertos acreditados en el ámbito de la energía.
El objetivo de esta norma es garantizar que la UE logre el objetivo que se ha marcado de aumentar la eficiencia energética un 20% de aquí a 2020. No obstante, la propia Comisión ha reconocido que si sólo se aplican los requisitos mínimos previstos en la directiva, el ahorro será únicamente del 17%.
Los Veintisiete tienen un año y medio de plazo para trasponer esta normativa a sus legislaciones nacionales.
