Fuente Expansión
Otra noticia de interés: ¿Cuánto sube realmente la luz el 1 de agosto?El Gobierno presume de haber diseñado la reforma del sistema eléctrico que será la definitiva, la que resolverá los grandes problemas del sector, la que reparte los esfuerzos entre todas las partes y con la que “no se casa con nadie”. El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a una batería de medidas con las que el Ejecutivo busca evitar que el agujero del sistema eléctrico (que alcanza ya unos 26.000 millones de euros y que crece a un ritmo de unos 5.000 millones por año) siga engordando. Tras múltiples retrasos y una bronca evidente entre ministerios sobre qué medidas adoptar, el Ejecutivo impulsa una reforma que probablemente no deja a nadie contento, porque las medidas son en muchos casos dolorosas y afectan a todas las partes implicadas en el sistema: las compañías eléctricas tradicionales, los grupos de energías renovables y también los consumidores. Y es que estos últimos asumirán parte de los recortes tanto en el recibo de la luz (con futuras subidas) como a través de los PGE, que se cubren con sus impuestos. Éstas son las claves para no perderse en una reforma que contiene una decena de proyectos de ley y reales decretos.
¿Cuánto sube realmente la luz el 1 de agosto?,Empresas Sector Energía. Expansión.com
1.- Cómo se reparten los ‘esfuerzos’
El Gobierno adopta con esta reforma medidas que implican ajustes por valor de 4.500 millones, justo lo necesario para evitar que el déficit de tarifa (el agujero por la diferencia que hay entre unos ingresos que no cubren los costes del sistema) sigue creciendo. El Ministerio de Industria, comandado por José Manuel Soria, aplicará con carácter inmediato una subida de la luz que hará que los consumidores aporten 900 millones adicionales; se recorta lo que reciben las compañías eléctricas tradicionales por su labor de distribución de la electricidad, lo que les costará unos 1.350 millones; se elimina el sistema de subvenciones a las renovables y se sustituye por otro que garantiza una rentabilidad “razonable”, lo que supone un recorte de otros 1.350 millones; y el Gobierno, a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asume otra parte del desfase por valor de 900 millones.
2.- Consumidores: la luz sube un 3% en agosto… y habrá más subidas
El mes de julio llegó con una subida de la luz del 1,2%, y agosto empezará con otro incremento. La reforma conlleva un incremento del recibo de la luz del 3,2% a partir de agosto, con el objetivo de elevar los ingresos en 900 millones de euros adicionales. El ministro de Industria, José Manuel Soria, centra toda su defensa de la reforma en que, sin las medidas que incluye, la subida de la tarifa tendrían que soportar de golpe los usuarios sería del 42%. El propio ministro había prometido en repetidas ocasiones que no subiría la parte del recibo que depende unilateralmente del Gobierno durante este año.
Industria crea, además, un nuevo sistema de tarifas que abre la puerta a nuevas subidas en el recibo de la luz en el futuro. Y es que se impulsa una revisión automática del recibo si se detecta un desajuste entre los ingresos y los costes del sistema. Los aumentos de los costes conllevarán un incremento automático de los ingresos mediante subidas de los peajes de acceso (la parte regulada del recibo y cuya cuantía depende directamente de Industria).
En paralelo, la tarifa de último recurso (TUR), a la que se acogen la inmensa mayoría de los consumidores domésticos (hasta un total de unos 20 millones de clientes), pasará a denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. Esta tarifa seguirá aplicándose a los clientes con menos de 10 kilowatios de potencia contratados, y el Ejecutivo subraya que “no cambiará el concepto” de su aplicación, pero permitirá la entrada de nuevas empresas comercializadoras.
3.- Compañías eléctricas: pierden 1.300 millones por distribución
El Gobierno también impone más recortes a las compañías del sector, tanto eléctricas tradicionales como a las renovables, que les costarán 2.700 millones de sus ingresos (repartidos más o menos a partes iguales). Industria crea un nuevo sistema retributivo para la distribución y el transporte de la electricidad, que supone una fuerte rebaja de lo que ingresan las grandes eléctricas. A partir de ahora, el pago por la distribución contempla una rentabilidad del interés del bono español a 10 años más 200 puntos básicos (en torno a un 6,5% bruto, en definitiva), lo que les costará unos 1.300 millones de euros.
4.- Adiós a las primas a las renovables
Uno de los grandes cambios que contempla la reforma del Ejecutivo es la eliminación del sistema de primas a las energías renovables que venía aplicándose hasta ahora. Se abandona el sistema de subvenciones y se sustituye por otro que garantiza una rentabilidad de las inversiones (del 7,5%, resultado de sumar el bono y 300 puntos básicos) y que tendrá carácter retroactivo. Se busca contener la factura que anualmente conllevaban las primas de las energías limpias, que el año pasado ascendió hasta los 6.100 millones (8.500 millones si se contabiliza las ayudas de todas las energías del régimen especial, que incluyen también cogeneración y residuos).
La nueva vuelta de tuerca del Gobierno a las cuentas de eléctricas y renovables tendrá consecuencias inmediatas. El recorte de lo que cobran las compañías eléctricas tradicionales por la distribución (el segundo en poco más de un año) muy probablemente implicará, según se advierte desde el sector, una importante revisión a la baja de las inversiones en las redes. Y por otro lado, desde hace tiempo los inversores en renovables vienen advirtiendo al Gobierno de la batalla judicial a escala internacional a la que se enfrenta si el recorte a las renovables tenía carácter retroactivo, como finalmente se ha decidido.
5.- Gana Montoro: los PGE asumen sólo 900 millones
La reforma del sistema llega tras el enésimo encontronazo entre los ministerios de Industria y de Hacienda (con desmentidos públicos incluidos) sobre la mejor manera de tapar el agujero eléctrico. Una batalla que en el sector se da por hecho que ha ganado el departamento de Cristóbal Montoro, evitando que las cuentas públicas asumieran gran parte del desfase entre costes e ingresos del sistema. Finalmente, la aportación máxima que asumirán las cuentas públicas será de 900 millones de euros.
La pretensión del ministro Soria era que los PGE de 2014 asumieran íntegramente, tal y como estipulaba la legislación actual, los 1.800 millones que suponen los costes extrapeninsulares (los sobrecostes de producir y llevar la electricidad a las islas, Ceuta y Melilla sin que los usuarios allí residentes paguen más en el recibo). Pero Montoro se ha negado en rotundo en su lucha para contener el déficit público a la que obliga Bruselas y los PGE sólo recogerán la mitad de esa cifra, lo que ha obligado a aplicar un mayor recorte a las eléctricas, a las renovables y a los consumidores.
6.- Hibernar centrales, único alivio para las eléctricas
Como único bálsamo para las compañías entre los recortes, el Gobierno permitirá desconectar temporalmente (hibernar) algunas de las plantas de ciclo combinado. Estas centrales usan gas para generar electricidad y en el actual contexto de caída de demanda algunas están siendo explotadas tan sólo a un 10% de su capacidad. Soria permitirá hibernar potencia equivalente a unos 6.000 megavatios, una cuarta parte del total de este tipo de plantas, con lo que contendrá las pérdidas que las compañías que las explotan están sufriendo por su infrautilización.
7.- Las empresas, en pie de guerra
La nueva vuelta de tuerca del Gobierno a las cuentas de eléctricas y renovables tendrá consecuencias inmediatas. El recorte de lo que cobran las compañías eléctricas tradicionales por la distribución (el segundo en poco más de un año) muy probablemente implicará, según se advierte desde el sector, una importante revisión a la baja de las inversiones en las redes y, con ello, hay quien teme que vendrán los fallos en el suministro. La patronal eléctrica Unesa incluso ha advertido ya de que la reforma les obligará a una “drástica reducción de empleo”.
Por otro lado, desde hace tiempo los inversores en renovables vienen advirtiendo al Gobierno de la batalla judicial a escala internacional a la que se enfrenta si el recorte a las renovables tenía carácter retroactivo. Ayer mismo, ya todas las asociaciones empresariales del sector de renovables arremetieron contra los nuevos recortes que aplica el Gobierno, que se suman a otros anteriores, y alertaron de que ponen a las compañías que generan energías limpias en una situación límite, al incumplirse los compromisos adquiridos por la Administración cuando se realizaron las inversiones.
8.- Objetivo: tapar el agujero eléctrico
La esperada reforma eléctrica, que el Gobierno lleva preparando desde principios de año y que ha sufrido continuos aplazamientos en su aprobación, busca poner coto al gran problema del sistema eléctrico español: el denominado déficit de tarifa, que es el desfase que se produce porque los ingresos (recaudados vía tarifa) no son suficientes para cubrir todos los costes del sistema. Un agujero que lleva una década engordando sin que los sucesivos gobiernos tomaran medidas para abordarlo, que roza ya los 27.000 millones de euros y que crece a razón de entre 4.000 y 5.000 millones cada año. Un agujero que no deja de ser una deuda que tienen todos los consumidores con las eléctricas.
Desde el Gobierno se defiende que la reforma eléctrica conseguirá que el agujero eléctrico no crezca este año. Según los cálculos de Industria, sin la reforma aprobada ayer el déficit de tarifa de 2013 crecería en otros 4.500 millones y sin las medidas que el Ejecutivo adoptadas ya este año y el anterior, el desfase sería de 10.500 millones. “Para resolver ese déficit de 10.500 millones habría que subir el recibo un 42% y para cubrir los 4.500 millones tendría que subir la luz un 19%”, explicó ayer el ministro Soria.
9.- Los parches que precedieron a la reforma
Durante su primer año en Moncloa, el Gobierno de Mariano Rajoy fue aplicando parches para tratar de taponar las heridas del sistema eléctrico, y a la espera que esta reforma que nace con aspiraciones de ser integral y sostenible en el tiempo. Recién estrenada la legislatura, el Ministerio de Industria ya impuso una congelación de las subvenciones que reciben las energías renovables, aplicando una moratoria a las primas de las nuevas instalaciones. En marzo del año pasado, Industria aplicó el primer gran recorte al conjunto del sistema eléctrico para cumplir con varios autos del Tribunal Supremo, que le obligaba a cubrir con carácter de urgencia un agujero del sistema de 3.147 millones de euros, repartiendo el golpe entre empresas y usuarios.
El pasado septiembre, el Consejo de Ministros daba luz verde a la creación de nuevos impuestos para todos los tipos de energía para ingresar más de 2.700 millones de euros adicionales este año. El Ejecutivo imponía un gravamen del 6% de los ingresos de las empresas de todas las tecnologías de generación eléctrica, así como lanzaba dos nuevos impuestos para nucleares, hidroeléctricas y también impuestos especiales para el gas, carbón y fueloil. En paralelo, el pasado febrero el Gobierno aprobaba que Industria recibiera un crédito extraordinario de 2.200 millones para cubrir el sobrecoste registrado en los pagos de las primas a las energías del régimen especial, al tiempo que obligaba a las renovables a elegir un tipo de retribución fijo, sin posibilidad de cambio.
10.- La otra gran reforma pendiente
La batería de medidas aprobadas por el Gobierno, en el último año y ahora con la nueva reforma, sólo aborda los costes y los ingresos regulados del sistema. Hasta ahora, el Ejecutivo ha evitado abordar el sistema de formación de los precios a través del mercado mayorista (el famoso pool). Industria ya ha reconocido que pretende revisar el sistema de formación de los precios de la electricidad, pero lo hará en los próximos meses, quedando fuera de la actual reforma.
Las eléctricas acuden al mercado mayorista para vender la electricidad generada. Un mercado que funciona de forma marginal, esto es, la última oferta que entra para cubrir la demanda es la que fija el precio para todo el mercado. En el pool primero entran las tecnologías más baratas y de suministro continuo (hidráulica y nuclear) y entran a coste cero. Después entran las renovables, que tampoco marcan precio pero cobran prima. Y luego entran el resto de tecnologías, que son las que normalmente fijan el precio.
Durante este invierno, en varios momentos el mercado ha rozado el absurdo: el sistema ha estado produciendo electricidad a precio cero porque las energías que entran al mercado sin marcar precio eran suficientes para cubrir toda la demanda. Sin embargo, la reforma de este sistema de fijación de precios y la reforma de la subasta que determina la tarifa TUR que pagan 20 millones de clientes aún tienen que esperar.
