El miércoles 10 de julio, en la tramitación de la Ley de medidas de apoyo al emprendedor, se aprobó en el Senado la enmienda que elimina la posibilidad de las grandes constructoras de aplicar, en la práctica, plazos de pago ilimitados a sus subcontratas, amparados en el art. 228.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Esta importante modificación legislativa evitará que a partir de ahora las empresas contratistas adjudicatarias de obra pública continúen sorteando los plazos máximos de pago para liquidar facturas y que en la actualidad son de dos meses. De hecho, en las memorias de algunas de las más grandes empresas constructoras, se invoca este artículo para explicar los plazos de pago en el sector. Según el último estudio realizado por la PMcM, algunas compañías que cotizan en el selectivo grupo del IBEX 35 pagaban en 2012 a sus proveedores en plazos muy superiores a los permitidos por la Ley 15/2010 de 5 de julio, de Medidas de Lucha contra la Morosidad. El sector de la Construcción e Inmobiliario es el peor pagador, alcanzando los 301 días de plazo medio de pago en 2012. Estos datos evidencian que algunas de las grandes compañías españolas financian gratuitamente una parte importante de su pasivo circulante a costa de sus propios proveedores, que en su mayoría son Pymes y autónomos.
Se trata de una propuesta que la PMcM había reivindicado en numerosas ocasiones ante el gobierno, la administración y los partidos políticos, ya que su mantenimiento proporcionaba una “coartada legal para eludir la ley”.
