El Gobierno presentó recientemente el primer borrador de su propuesta para reformar las Políticas Activas de Empleo. El documento elaborado por el Ministerio de Trabajo, que en realidad se trata más de una recopilación de programas y políticas ya existentes que de una propuesta en firme de reforma de las mismas, tiene como objetivo principal incrementar la eficacia y eficiencia de las Políticas Activas de Empleo, actuando prioritariamente por y para las personas desempleadas.
Para ello contempla una serie de medidas, redactadas en su mayoría de forma sumamente genérica, de modo que configuran más bien un programa de intenciones o “líneas básicas de actuación” para el futuro. Esto es, probablemente, fruto de la insuficiente evaluación previa de impacto de las políticas activas puestas en marcha hasta la fecha que el texto denota, y que hubiera sido deseable, pues la escasez, cuando no ausencia, de estudios de evaluación sobre la eficacia de dichas políticas es nota característica y diferenciadora de España con respecto al resto de países de la UE.
De hecho, cabe afirmar que el borrador de propuesta está en conjunto concebido de forma errónea, al presentar las políticas activas como la panacea en palucha contra el desempleo.
Las políticas activas de empleo no generan empleo no generan empleo por sí mismas, sino que deben actuar de forma complementaria junto a otros factores, como: un marco sociolaboral ágil y flexible que favorezca la contratación y permita que la actividad económica se traduzca fácilmente en empleo; unas políticas y mecanismos que faciliten las transiciones de las personas en el mercado de trabajo ; una población cualificada y competente, capaz de responder a las necesidades de las empresas; o una mejor conexión entre el mercado de trabajo y el sistema educativo.
Sin pretender ahondar en exceso sobre este punto, hay que indicar también que no parece coherente ni proporcional las medidas propuestas con la reducción notable en las dotaciones de diversas partidas clave en este terreno contenidas en los recién aprobados Presupuestos Generales del Estado para 2011, tales como las relacionadas con las propias políticas activas de empleo, las bonificaciones a la contratación, o la formación continua.
De entre las escasas medidas propiamente dichas que recoge el borrador de propuesta, deben significarse dos deficiencias graves: de un lado, la falta de un enfoque más integral que contemple todo el mercado de trabajo, pues las medidas propuestas se centran primordialmente en el desempleado, al que hay que activar, obviando así la perspectiva de la empresa.
Por otra parte, la propuesta, en su conjunto, tiene un marcado enfoque territorial, estableciendo, además, un margen de actuación autonómico lo suficientemente amplio como para preguntase si con la configuración prevista las Comunidades Autónomas no superarían las competencias de gestión que le son propias, lo cual redundaría en una mayor diversificación y, por ende, en problemas más acusados aún de gestión, o en situaciones de desigualdad.
Este enfoque del texto, en definitiva, no contribuye a paliar, e incluso perjudica, algunos de los grandes problemas de nuestro sistema de empleo: la falta de coordinación entre políticas pasivas y activas, entre la Administración del Estado y las Administraciones Autonómicas, y entre los Servicios Públicos y las entidades que colaboran con ellos; o la exigua articulación de los Planes de Actuación conjuntos puestos en marcha.
Una medida que merece ser destacada al resultar particularmente preocupante es la intención de modificar la distribución del presupuesto de formación, destinando el 40% a la formación de ocupados, y el 60% restante a la dirigida a personas desempleadas, en lugar del respectivo 60% y 40% que rige en la actualidad.
Nadie duda que la formación de personas ocupadas es un factor decisivo de cara a mantener los ya de por sí bajos niveles de empleo actuales, por lo que el traslado de fondos previsto pondría en peligro el empleo de los ocupados más que ayudar a los desempleados a incorporarse al mercado laboral, sobre todo teniendo presente que el texto piensa más en los “colectivos de difícil integración”, y no tanto en otros colectivos o grupos de personas para quienes encontrar un empleo resulte más factible.
En todo caso, como conclusión, resulta necesario subrayar que la reforma de las Políticas Activas de Empleo propuesta por el Gobierno no será relevante si no se profundiza en el conocimiento y satisfacción de las demandas de las empresas y en la potenciación del autoempleo y el aprendizaje; y, sobre todo, si no vienen acompañadas de mayores reformas estructurales y de calado, con carácter urgente, en el ámbito económico, laboral, industrial, fiscal y energético.
