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El pasado día 29 de marzo FEMPA, a través de una de las asociaciones nacionales en las que participa intensamente, CNI, trasladó al Ministerio de Industria varios aspectos y dudas sobre la aplicación del Real Decreto 984/2015, por el que se regula la liberalización de las inspecciones periódicas de gas natural por empresas instaladoras de gas habilitadas.
Por parte del Ministerio asistió María Teresa Baquedano, Directora General Política Energética y Minas, Sergio López Pérez, Secretario General de Hidrocarburos y Carmen Racero, Técnico responsable del área de Hidrocarburos.
Durante la reunión se expuso la preocupación del sector de los instaladores sobre varios aspectos recogidos en el Real Decreto 984/2015 que no resultan claros y no facilitan el objetivo principal que busca esta norma, a saber, la liberalización efectiva del servicio de inspección periódica de instalaciones conectadas a redes de distribución y la verdadera creación de un mercado libre y en igualdad de condiciones para los competidores.
Por ello, se le trasladó al Ministerio la necesidad de modificar el sistema de facturación planteado, que resulta enrevesado, fiscalmente incorrecto y de difícil comprensión que el instalador ejecutor de la inspección no pueda facturar directamente a su cliente, una vez realizada, y lo tenga que hacer a través de las empresas distribuidoras y, estas a su vez, a través de las comercializadoras.
El Ministerio esgrimió, a nuestro entender un argumento un tanto baladí, que las CCAA se habían quejado, en las reuniones mantenidas previamente a la publicación del real decreto, por el tiempo invertido, en su momento, y el gran esfuerzo realizado en concienciar a los consumidores y usuarios de que no pagaran nunca a quien le hiciese una revisión de su instalación para evitar fraudes en este tipo de intervenciones, por lo que al final se decidió no echar a perder todo ese esfuerzo. Lo que el Ministerio y las CCAA no tuvieron en cuenta, en este sentido, es que no se puede criminalizar a todo un sector por las malas praxis de otros, que para más inri no son profesionales del sector y en todo caso estamos hablando de estafadores, existiendo otros mecanismos para combatir estos hechos, sin necesidad de combatirlo expresamente en esta norma.
Asimismo, defendimos que la actual liberación del servicio debería venir acompañada por la liberación total de precios, por lo que se le trasladó al Ministerio la posibilidad de eliminar los precios máximos que pueden cobrar las distribuidoras por este servicio, que vienen fijados por las distintas CCAA. Sobre esto, el Ministerio considera que es primordial defender al consumidor y tener una referencia de precio máximo, sin embargo, creemos que así únicamente se consigue secuestrar la libertad de las empresas instaladoras para fijar un precio razonable en base a los gastos de cada una de ellas, no todas tienen la misma estructura y desde luego no estamos hablando de grandes multinacionales como son las distribuidoras, con mayor flexibilidad. Es el propio mercado el que debería autorregularse.
Se le solicitó que se les exigiera a las empresas distribuidoras compartir las bases de datos de los clientes, sino seguirán manteniendo una posición dominante en el mercado. Esta petición no es exclusiva nuestra, de hecho la propia CNMC recomendaba en su informe que así fuera, aunque posteriormente no se recogió en la ley ni en el real decreto que la desarrolló. El Ministerio entiende nuestra postura pero considera que la protección del consumidor es fundamental, a pesar de que existen precedentes sobre esto. No obstante, les trasladamos que, al menos, las fechas de las revisiones deben hacerse públicas para que los instaladores puedan competir en igualdad de condiciones. En este sentido, se hará llegar un escrito fundamentado en los próximos días para que el Ministerio se dirija a las distribuidoras.
También se planteó la posibilidad de que quien efectúe la revisión y detecte una anomalía, pueda, asimismo, subsanarla. La ley pretende, con buena intención, evitar fraudes impidiendo esto, pero los fraudes se van a dar igualmente. Pensamos que lo que se consigue así es complicar en exceso el proceso de inspección para el usuario. El Ministerio insistió en su muy loable deseo de evitar fraudes al consumidor, que compartimos y aplaudimos, pero creemos que se podría haber alcanzado empleando otra fórmula menos lesiva para los instaladores. No es nuevo esto de pretender mantener la imparcialidad en las actuaciones llevadas a cabo, en otras ocasiones, se ha resuelto de forma que no perjudicaba los intereses ni del consumidor ni del instalador.
Por último, si solicitó eliminar, o en su defecto reducir, el importe de los gastos de gestión fijados en 12,80 € para las empresas distribuidoras, que valoramos desproporcionados y que no se ajustan a la realidad. En este caso, el Ministerio no quiso valorar este aspecto más allá de insistir en que lo importante es que este concepto va totalmente desligado del coste de la inspección física, lo que nos hace pensar que los gastos de gestión es uno de los aspectos que las distribuidoras pelearon y ganaron en sus reuniones con el Ministerio, siguiendo alguna motivación no tan loable.
En resumen, la nueva Ley de Hidrocarburos, y por extensión el Real Decreto 984/2015, no se puede cambiar a día de hoy, ni tampoco es posible ninguna publicación de erratas. La demanda en curso interpuesta ante el Tribunal de Justicia puede tardar meses o años, y si el resultado es positivo, la ley quedaría anulada, con lo cual volveríamos a la situación anterior, que consideramos, en cualquier caso, peor de lo que hoy tenemos.
En nuestra opinión, creemos importante empezar a trabajar según lo establecido, saber cómo se debe facturar e informar adecuadamente a los clientes y seguir colaborando, peleando en ocasiones, con el Ministerio y las empresas distribuidoras para que modifiquen, o ajusten, ciertos aspectos que a día de hoy no son favorables a los interesas de las empresas instaladoras de gas habilitadas.
En este sentido, se enviarán varios escritos tanto al Ministerio de Hacienda como al propio de Industria, así como, FEMPA mantendrá en las próximas fechas una reunión de trabajo con Gas Natural Cegas para abordar, entre otros temas, nuestro sentir respecto a las inspecciones periódicas.
