El día 30 de octubre se publicó en el B.O.E. la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, en cuyo Artículo 5 Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero viene recogido un nuevo tributo que recaerá, a partir del próximo año, sobre el consumo de gases fluorados refrigerantes (hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PCF) y el hexafluoruro de azufre (SF), así como los preparados que contengan mezclas de estos gases, incluyendo los regenerados y reciclados) y grava, en fase única, el consumo de estos productos atendiendo al potencial de calentamiento atmosférico. Este nuevo gravamen supondrá un incremento desorbitado del precio de alguno de los gases más habituales en climatización y frío industrial, con lo que las empresas instaladoras y mantenedoras verán amenazado, nuevamente, su propia estabilidad.
Esto viene a acrecentar la delicada situación por la que están pasando las empresas de servicios, empresas mantenedoras e instaladoras. Además de la grave situación general por la que está pasando España, la falta de financiación privada, el bajo consumo de los hogares, hay que añadir las novedades normativas a las que se les está sometiendo desde hace unos años.
Si primero fue la Ley Ómnibus, que introducía facilidades a la hora de constituirse como empresa de servicios eliminando algunos requisitos, le siguió después el Real Decreto 795/2010 que obligaba a empresas y profesionales que trabajan con gases fluorados refrigerantes a evidenciar que poseían la formación adecuada para la manipulación segura de estos gases.
Toda esta presión ha alimentado, más si cabe, la aparición de empresas y profesionales que actúan desde la ilegalidad y que están haciendo mucho daño a aquéllas que sí dan cumplimiento a todas sus obligaciones. Mantener un estructura empresarial tipo pyme, como muy bien saben, cuesta mucho esfuerzo y dinero, por lo que la lucha contra el intrusismo, la competencia desleal y la carencia de profesionalidad transmitida por este tipo de empresas resulta fundamental para preservar un futuro digno para el sector, mantener puestos de trabajo y evitar una evasión de impuestos que resulta sangrante para nuestro país.
Pues bien, la Federación ha iniciado una acción, conjuntamente con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), en defensa de los intereses de nuestras empresas asociadas que busca limitar y, por tanto, dificultar la actuación de empresas irregulares de climatización y frío industrial.
Concretamente, el objetivo fijado son los comercializadores y distribuidores de gases fluorados refrigerantes que, y así viene recogido en el mismo Real Decreto 795/2010, tienen la obligación de asegurarse de que las empresas a las que suministran las botellas de gases refrigerantes, están correctamente habilitadas para ello. Sin embargo, en la actualidad, se ha detectado que no se está realizando de forma tan escrupulosa como marca la norma.
Nuestro interés no es buscar una simple sanción administrativa, sino que, distribuidores y comercializadores de gases fluorados, cumplan, al igual que lo están haciendo las empresas y profesionales instaladores, con los preceptos normativas a los que también están sometidos; no se puede vender gas fluorado a quien no esté habilitado para su compra. Al mismo tiempo, se conseguirá dificultar a estas empresas piratas su aprovisionamiento de gases refrigerantes, reduciendo de esta forma su radio de acción.
Es por ello, aunque ya se ha actuado recientemente contra algún suministrador de gases de la provincia, que solicitamos su colaboración para identificar aquellos puntos de venta de gases fluorados refrigerantes donde no se cumple con esta premisa y, a poder ser, recabar alguna evidencia gráfica de lo denunciado. De este modo, la Federación dará trámite inmediato de los hechos al SEPRONA para que actúe de forma contundente contra aquéllos que incurran en irregularidades. Desde luego, el denunciante nunca aparecerá en los documentos enviados al SEPRONA, siendo siempre la Federación la que aparezca como impulsora de estas acciones.
Independientemente de esta iniciativa, sigue estando a disposición de todos los asociados el servicio de denuncia ante la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo para denunciar a todas aquellas empresas y profesionales instaladores y mantenedoras que no se encuentren debidamente habilitados por esta Conselleria o que ejerzan malas praxis en el desarrollo de su actividad.
Les rogamos que envíen sus denuncias a la siguiente dirección de correo electrónico: juridico@fempa.es
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