La corrupción y el fraude preocupan cada vez más a los españoles. El Barómetro del CIS así lo manifiesta. ¿Dejaremos de ser algún día tolerantes con la picaresca?, ¿una mejor educación nos hará más responsables y solidarios?, ¿seremos por fin justos y benéficos, como quería la Constitución de 1812?.
No es tarea fácil, aunque, de momento, el Gobierno parece que está decidido a ello, al menos a poner freno al fraude a la Seguridad Social, ya que está afectando gravemente a las arcas públicas, en un momento en que es muy importante aumentar la recaudación.
Con ese objetivo, se remitió al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley Orgánica, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, proyecto que actualmente se encuentra en avanzado estado de tramitación.
Este Proyecto de Ley, junto con las medidas introducidas en la Ley 7/2012, para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (limitación de los pagos en efectivo, información sobre activos en el extranjero, responsabilidad tributaria, modificación del IVA, etc.), pretende poner freno y acabar, en palabras de la Vicepresidenta del Gobierno, “con esa visión no positiva, pero sí tolerante, frente al que defrauda, que de momento tenemos en España”.
Los datos cantan. En el primer semestre del año, solamente la actuación inspectora del Ministerio de Empleo consiguió aflorar 39.887 empleos, detectando 3.211 infracciones de empresarios que daban ocupación a perceptores de prestaciones por desempleo y 4.379 trabajadores que compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo.
Así pues, parece que el Ejecutivo está decidido a no pasar ni una en todo lo que se refiere a nuestro sistema de la Seguridad Social. Recientemente ya modificó el recargo por no abonar los seguros en el plazo ordinario, unificándose con el tipo más alto, esto es, en un 20%.
El proyecto de Ley pretende realizar un endurecimiento del delito fiscal y contra la Seguridad Social. En relación al delito contra la Hacienda Pública, se corrigen extremos controvertidos como la modificación de la regularización tributaria, exigiendo el pago completo de la deuda tributaria (cuota más intereses de demora y la sanción impuesta), o el hecho de que se permite a la Administración Tributaria continuar con el procedimiento administrativo del cobro de la deuda tributaria pese a la pendencia del proceso penal.
En materia de Seguridad Social se ha endurecido el delito degradando la cuantía defraudada a un importe superior a 50.000 €, y estableciendo que el cómputo de la misma, se llevará a cabo teniendo en cuenta el importe total defraudado y no prescrito, y no como hasta ahora que se computaba por años naturales.
Igualmente, se prevé que con la presentación de los documentos de cotización no se impedirá que el impago se pueda considerar como fraudulento. Este punto es especialmente importante, ya que aunque no se dé especialmente ocultación de los datos, el hecho de que se produzca el impago de cuotas puede llevarnos a un asunto tan delicado como que se nos acuse por delito contra la Seguridad Social.
Se crea un nuevo delito que recoge el artículo 307 del Código Penal, con el que se castiga el fraude en las prestaciones de Seguridad Social, que hasta ahora no podía ser reconducido al delito de estafa, al considerar estas prestaciones como subvenciones y, por lo tanto, ser de aplicación el artículo 308 del Código Penal en el que se exige que el fraude supere los 120.000 €. También da respuesta contundente a las nuevas modalidades de fraude, cada día más frecuentes, que mediante la creación de empresas ficticias, tiene como único objetivo la obtención fraudulenta de prestaciones.
Por último, se modifica el art. 398 del Código Penal para excluir del tipo a los certificados relativos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. Es frecuente la falsificación de los certificados de cotización por las empresas deudoras de la Seguridad Social que, como contratistas o subcontratistas, remiten a las empresas principales o contratistas.
En definitiva, tanto la situación actual de profunda crisis económica, como el civismo que debe ser exigido a los ciudadanos, así como responsabilidad a la Administración, hacen imprescindible el apoyo a toda medida, que se lleve a cabo para mejorar la eficacia de los instrumentos de control de los ingresos y gastos públicos, adoptando las iniciativas necesarias para luchar y perseguir el fraude en todas sus vertientes.
