Hacienda sigue penalizando el trabajo autónomo. En plena cresta de la crisis, cuando tres de cada cuatro autoempleados confiesa que su negocio se ha deteriorado en 2011 y un 60% denuncia un desplome de su actividad y de sus ventas, la Agencia Tributaria va a obligar ahora a este colectivo, a l igual que las empresas, a presentar trimestralmente una declaración informativa con el contenido de los libros de registro de facturas, detallando físicamente cada una de ellas.
La medida se incluye en el proyecto de Real Decreto por el que se introducen modificaciones en materia de obligaciones formales en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, y afecta a todos los autónomos que tributan por sistema de estimación directa, en torno a un millón de autoempleados, el 50% del total del colectivo. Dada su complejidad, se baraja para 2014.
El objetivo que persigue la Administración Tributaria con esta modificación es mejorar la eficacia en el control del fraude fiscal. Un resultado que las organizaciones representativas del trabajo autónomo consideran “de muy difícil cumplimiento”.
Más bien al contrario. Como afirman los responsables de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) “en modo alguno va a reducir o paliar los casos de trabajo independiente en economía informal, dado que en vez de simplificar la gestión contable y fiscal de los autónomos con esta medida, la misma se complica considerablemente, por lo que creemos que en ningún caso va a conseguir el efecto de hacer aflorar la actividad no regulada, sino que en cierta medida la puede acrecentar”.
Más burocracia y más costes
Lo que si es evidente es que su puesta en práctica hace más compleja y gravosa la gestión económica de la actividad para el conjunto de los trabajadores autónomos, ya que supone un aumento considerable de burocracia en la administración y gestión que hace que resulte casi inevitable el contratar los servicios de profesionales en materia de asesoría y gestión. Porque, en definitiva e se está trasladando al autónomo la complejidad de la gestión de las sociedades, incrementando los gastos necesarios para el ejercicio de su actividad.
Como resume el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, se trata de una medida que “si bien a la Agencia Tributaria puede ayudarle en su labor de control y gestión, a los obligados tributarios, en este caso, trabajadores autónomos les perjudica al incrementar considerablemente el tiempo y el gasto que dicho colectivo tiene que dedicar a una tarea necesaria, pero ajena a su actividad profesional”.
Una complejidad administrativa que, además, va en contra de las recomendaciones para la simplificación de los trámites administrativos para los empresarios y los trabajadores autónomos que emanan de la Comisión Europea.
Desde UPTA se insta también a Hacienda a utilizar este Real Decreto para mejorar el uso de la dirección electrónica en el cumplimiento de las obligaciones tributarias para habilitar dicha dirección electrónica en una doble dirección, “es decir, que no sólo sirva para comunicaciones de la Administración Tributaria al contribuyente, si no que el administrado pueda utilizarla para comunicarse con la Agencia Tributaria, incluso realizar gestiones a través de la misma”.
“Luto económico”
Este incremento de los costes económicos y de la carga burocrática amenaza también con incrementar el número de cierres de negocio en un colectivo que mayoritariamente califica de “luto económico” la situación de su actividad profesional y la de la economía española. Los datos del último Observatorio del Trabajo Autónomo que realiza la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), muestran como nueve de cada diez autónomos, el 89,3% del total, piensa que la economía nacional se mantendrá igual o irá a peor en los próximos meses.
Frente a esta situación las demandas del colectivo se centran, fundamentalmente, en las dificultades para acceder al crédito, la morosidad de las empresas y de las administraciones públicas, y en la “penalización” que supone tener que tributar a Hacienda por las facturas emitidas y no por las efectivamente cobradas, en unos momentos en que el 58,9% de los autónomos denuncia que su negocio está perjudicado por la lacra de la morosidad.De hecho, los datos del Observatorio revelan que el 64,2% de los autónomos tarda más de seis meses en cobrar sus facturas y, de ellos, el 30,4% tarda más de un año.
