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LA INDUSTRIA EN RIESGO (II) Las medidas sobre fiscalidad energética generarán una pérdida de competitividad inmediata en múltiples sectores y pondrán en riesgo la supervivencia del tejido industrial español y de miles de empresas, con consecuencias irreversibles para el empleo. Las naciones más ricas del mundo son aquellas que poseen los sectores industriales más potentes. El extraordinario crecimiento de países, como China, India o Brasil, o la riqueza de las economías más avanzadas y consolidadas como Estados Unidos, Japón, Alemania o Francia, más allá de crisis coyunturales, se asientan esencialmente en su firme compromiso y apoyo al desarrollo industrial. Y no sólo porque la industria genere riqueza y empleo, que lo hace de forma sustancial, sino porque su actividad sostiene gran parte del sector servicios, porque proporciona puestos de trabajo cualificados y un índice de empleo fijo superior al 85%, porque impulsa el desarrollo tecnológico y la innovación, y porque, en definitiva, es el motor con el que avanzan la economía y la sociedad. El Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética es un instrumento exclusivamente ideado para dar solución al problema del déficit tarifario, pero al mismo tiempo obvia que el coste de miles de millones de Euros que traslada a las empresas industriales de nuestro país las deslocalizará en breve generando consecuencias irreversibles sobre nuestra economía. Si se pone en riesgo el futuro de la industria, si se ponen en riesgo los más de 250.000 Millones de Euros y dos terceras partes del Producto Industrial Bruto que generan los sectores firmantes de este documento, si se ponen en riesgo los más de 4 millones de puestos de trabajo cualificados que proporcionan de forma directa e indirecta, y si se extingue la contribución de nuestra industria a la economía nacional, ya no habrá empresas a las que imponer una presión fiscal desmedida para acabar con el déficit tarifario. Por eso es necesario que el Gobierno comprenda que el Proyecto de Ley debe modificarse para que tratar de solucionar un problema, no suponga generar otro mucho mayor. La industria española, en las condiciones de competitividad actuales, no puede asumir un coste energético de esta magnitud. Ninguna industria de ningún país podría. Y lo peor es que no será como consecuencia de las condiciones del mercado ni porque no seamos capaces de competir con otras industrias del mundo. Será debido a una iniciativa legislativa desproporcionada que, a pesar de perseguir un objetivo comprensible y razonable, no ha previsto que en sus actuales términos arrastrará a nuestras empresas al cierre. A lo largo de los últimos meses nos hemos reunido con todas las personas y poderes públicos que tienen o pudieran tener competencias en la materia. Una y varias veces. Y seguiremos haciéndolo. Porque el Proyecto de Ley tiene solución y puede modificarse para cumplir sus objetivos sin poner a la industria en riesgo. La Industria en riesgo (III) El Programa de Gobierno del Partido Popular señala, entre sus objetivos prioritarios, la necesidad de impulsar el desarrollo industrial basándose en que “la Industria tiene potencial para contribuir al crecimiento del empleo y a erigirse en protagonista de una economía pujante e innovadora” (cap. 1.15. Objetivos)”. En este sentido se pronunció el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en su comparecencia en el mes de febrero ante la Comisión de la misma área del Congreso de los Diputados, afirmando que “en el Gobierno tenemos el convencimiento de que si queremos aumentar la competitividad, si queremos aumentar el empleo y si queremos propiciar un aumento de las exportaciones y también del crecimiento económico, la industria debe de aumentar su peso en el conjunto del producto interior bruto. Ese será nuestro objetivo. España no puede renunciar a ser una economía industrial.” Más recientemente, el pasado 11 de octubre, también el Ministerio respaldaba la Comunicación presentada por el Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Industria, Antonio Tajani, “Una Industria más fuerte para el crecimiento y la realidad económica”, destacando “la necesidad de abordar cuanto antes una reindustrialización en Europa con objeto de fomentar el crecimiento económico y sentar las bases de una recuperación eficaz y sostenida”. A la vista de lo anterior, resulta obvia la confianza del Gobierno en que la industria se convierta en un motor de la recuperación por su capacidad de generar riqueza y empleo, esencialmente a través de su potencia exportadora y de su esfuerzo innovador. Pero si indudable es la voluntad, no así los hechos, porque siendo los costes energéticos uno de los factores que en mayor medida determinan la capacidad de competir de la industria, resulta sorprendente que se presente una iniciativa legislativa cuyo efecto inmediato será el de trasladar al tejido productivo un incremento de sus costes inasumible desde el punto de vistacompetitivo. Las organizaciones firmantes hemos trasladado, particularmente a los grupos parlamentarios, diferentes propuestas para mejorar el articulado del Proyecto de Ley, con la esperanza de reducir su terrible impacto en la industria española por el efecto combinado de la subida del mercado mayorista de la electricidad, el nuevo impuesto a la cogeneración y el céntimo verde al gas industrial. Sabemos que si no se modifica adecuadamente, comenzarán a anunciarse cierres de empresas en cadena -las de la propia industria y las de aquellas que le dan servicio-, se producirá un crecimiento exponencial del paro y de las movilizaciones sociales -se agregará al desempleo industrial el de las empresas de servicios-, se hundirán las exportaciones -uno de los pocos salvavidas con el que la industria está sosteniendo nuestra economía-, y se frustrará la mayor oportunidad de nuestro país de iniciar una recuperación sólida y sostenible, como bien mantiene la Comisión Europea. Porque con esta ley, el proyecto de reindustrialización de Europa no llegará a nuestro país. Con esta ley, no habrá inversor industrial que apueste por España. Con esta Ley, permanecerá el déficit tarifario que pretende reducir pues no habrá industria que pueda financiarlo. Con esta Ley, la recuperación de nuestra economía será inviable. Con esta Ley, institucionalizamos la crisis. Por Ley.
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