El pasado día 2 de marzo, representantes de FEMPA mantuvieron una reunión en Valencia con miembros de Gas Natural Fenosa, concretamente con Emilio Estébanez, Director de Planificación, Alfredo Ingelmo, Director General de la Zona de Levante, Carmen Pascual, Delegada para la provincia de Alicante y José Vicente Esplugues, Delegado para la provincia de Valencia.
En dicha reunión, a la que asistieron representantes de todas las asociaciones de instaladores de la Comunidad Valenciana, se explicó la herramienta que Gas Natural Fenosa ha habilitado en su página web para la comunicación de las inspecciones periódicas de instalaciones de gas natural realizadas por empresas instaladoras de gas habilitadas. Se trata de una herramienta muy sencilla y su uso no supone una gran dificultad. Sin embargo, los representantes de Gas Natural Fenosa comentaron que estaban revisándola y que, en cuestión de pocas semanas, se va a habilitar una nueva con algunos cambios, principalmente estéticos.
La reunión giró en torno a las tarifas de las inspecciones y se aprovechó para solicitar a Gas Natural Fenosa, al igual que pasó con Repsol en su momento, la base de datos de los clientes con el fin de jugar con las mismas cartas. Lógicamente se negaron, alegando aspectos de la normativa de protección de datos, a la espera de ver si la CNMC dicta algo en este sentido. Al parecer, les preocupa mucho el pago de las facturas a los instaladores. Transmitieron que no pondrán trabas y que su intención es pagar a 45 días desde que la empresa instaladora haya cargado la documentación en la plataforma, independientemente del pago de la comercializadora y los impagos por parte de los clientes que se produzcan.
Un aspecto importante que hay que recordar en este proceso de inspección periódica para las empresas instaladoras, es que este servicio no se le puede facturar directamente al titular de la instalación, sino que la factura se debe remitir, a través de esta herramienta, a la distribuidora. Posteriormente, será la comercializadora del suministro la que facturará al cliente el servicio de inspección periódica, que incluirá la parte física de la inspección realizada por la empresa instaladora, mediante un suplido en la factura, y los gastos por el mantenimiento de la base de datos de la distribuidora, los 12,80 € establecidos en dicho real decreto. La comercializadora ingresará estos importes al distribuidor, junto con el pago mensual de peajes, y este, a su vez, realizará la transferencia a las empresas instaladoras, siendo este dato uno de los requeridos en la herramienta web.
Gas Natural Fenosa aseguró que comprobaría los datos de todas las empresas que tramitaran certificados de inspección periódica para asegurarse de que se encontraban habilitadas por los Servicios de Industria.
Asimismo, se hizo referencia al recurso que se ha interpuesto al Real Decreto y que ya ha sido admitido a trámite. No obstante, indicaron que habrá novedades al respecto, ya que el Real Decreto 984/2015 no es definitivo y que están hablando con el Ministerio. No quisieron entrar en materia. Habrá que esperar, por tanto.
A raíz de esta reunión, se han propuesto dos actuaciones a nivel nacional que se harán llegar, en breve, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Por un lado, en relación a las tarifas máximas que las distribuidoras pueden cobrar por el servicio de inspección periódica y que vienen marcadas por las CCAA. Entendemos que esto, en una situación de monopolio como de la que venimos, de cara al consumidor, tiene sentido hacerlo para protegerles de los posibles abusos de las distribuidoras. Sin embargo, la actual liberalización del servicio debe venir acompañada por la liberalización total de precios. Con la situación actual, las distribuidoras siguen siendo las que marcan la senda de los precios y condicionando el mercado en ese sentido, con márgenes cada vez más justos. Si a esto le añadimos que en las cartas de comunicación a los clientes se incluye el precio de inspección de la distribuidora, así como, los 12,80 € de la base de datos, la situación y la posibilidad de competir se complica para el instalador. Por lo tanto, la propuesta que se transmitirá será la de derogar estas regulaciones de tarifas máximas para las empresas distribuidoras.
Y la otra actuación propuesta respecto a la base de datos de los clientes, consiste en solicitar que las empresas distribuidoras tengan que compartir las bases de datos de los clientes, al igual que sucedió con Repsol hace dos años. Reciben una compensación por el mantenimiento de los gastos que les genera y únicamente las disfrutan ellos, lo que entendemos les da una posición dominante en el mercado. La alternativa a esto, en caso contrario, sería que se les retirase la compensación de 12,80 €.
A medida que se vayan desarrollando los acontecimientos, les informaremos puntalmente al respecto.
