Tres meses después de la fecha límite fijada por la Unión Europea para trasponer la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE (5 de junio de 2014), España continúa sin haber adaptado a su legislación las medidas obligatorias para la promoción de la eficiencia energética de la Directiva.
Esta demora ya ha supuesto la apertura de un nuevo procedimiento de infracción por parte de la UE, que la Comisión Europea notificó de manera oficial el pasado 22 de julio. Este procedimiento de infracción se abre pocos meses después de que el Tribunal de Justicia de la UE condenara a España por el retraso en la adopción de normas orientadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios.
En esta ocasión, las medidas en pro de la eficiencia energética de la Directiva 2012/27/UE buscan asegurar que en el año 2020 se haya reducido el consumo energético en un 20 % frente a los niveles de 1990, un objetivo que, de momento, no lleva camino de cumplirse. Hasta la fecha, nuestro país sólo ha hecho público un proyecto de Real Decreto que proponía una trasposición poco ambiciosa y alejada del espíritu de la norma europea, lo que le valió numerosas críticas.
Se puede entender que este nuevo retraso supone un incumplimiento del rol dinamizador y ejemplarizante que esta Directiva asigna a la Administración pública como promotor de la eficiencia energética. Al mismo tiempo, la falta de seguridad jurídica continúa ralentizando el desarrollo de este sector, clave para aumentar la competitividad de las empresas españolas y superar la actual crisis económica.
Fuente ESEficiencia.es
