El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley que modifica la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, del 1 de julio de 2002.
La nueva regulación tiene como objetivos la reducción de las emisiones de las actividades industriales en la atmósfera, el agua y el suelo, así como avanzar hacia una mayor simplificación administrativa. De este modo, pese a que la legislación es más exigente desde el punto de vista de la protección ambiental, introduce mecanismos que agilizarán las concesiones de autorizaciones a las empresas.
Para alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente, este Proyecto de Ley, con efectos en la actividad de unas 6.100 instalaciones industriales como refinerías, cementeras o siderúrgicas, supedita su puesta en marcha a la obtención de un permiso escrito: la Autorización Ambiental Integrada (AAI).
La principal novedad derivada del nuevo marco comunitario sobre emisiones industriales es el reforzamiento de la aplicación de las mejoras técnicas disponibles.
Antes de su remisión a las Cortes Generales, para cuya tramitación parlamentaria se ha solicitado el procedimiento de urgencia, el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación recibió el informe favorable del Consejo de Estado. Asimismo, ha sido sometido a participación pública, a la consulta de las Comunidades Autónomas en Conferencia Sectorial y al Consejo Asesor de Medio Ambiente, integrado por organizaciones ecologistas, sindicatos y empresarios.
Control sobre la contaminación
El nuevo texto, además de cumplir con la transposición parcial de una Directiva comunitaria de 2010 sobre emisiones industriales, revisa y modifica la legislación sobre control y prevención integrados de la contaminación, e impulsa una mayor simplificación administrativa, imprescindible en un sector tan importante como el industrial.
La norma no sólo mantiene los estándares de control sobre la contaminación, sino que exige que las instalaciones sean inspeccionadas, en tanto que agiliza la tramitación de las autorizaciones ambientales integradas y reduce notablemente las cargas administrativas.
Todas las Autorizaciones Ambientales Integradas existentes deben adecuarse antes del 7 de enero de 2014 a la nueva Directiva. Para ello, se establece en una disposición transitoria el procedimiento de actualización de las autorizaciones ya otorgadas, en virtud del cual el órgano ambiental competente comprobará, mediante un procedimiento simplificado, la adecuación de la autorización a las prescripciones de la nueva Directiva.
Por último, se han introducido mejoras en la información y en la comunicación de datos entre las Administraciones y los titulares de las instalaciones, y se ha mejorado la información pública.
