Fuente AMBIENTUM
El consejero andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha mostrado su preocupación por la aprobación en el Senado del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, que entrará en vigor en enero. También ha anunciado que va a impulsar en el ámbito de sus competencias una normativa que posibilite el autoconsumo en la región.
A juicio de Ávila, dicha medida no acaba con el déficit tarifario, “solo tiene una finalidad recaudatoria”, al tiempo que lastra la competitividad de la economía andaluza. “Estos impuestos se van a trasladar a los mercados eléctricos y gasista: los precios diarios resultantes de estos mercados se incrementarán en el medio-largo plazo lo que hará que inevitablemente suba la factura del ciudadano”, ha añadido el consejero, quien ha lamentado además el anuncio de un nuevo peaje progresivo incluido en la Tarifa de Último Recurso (TUR) de electricidad que se aplicará para los consumidores domésticos.
Con la nueva Ley, el Gobierno plantea un impuesto homogéneo del 7% para los ingresos por generación eléctrica, impuestos sobre la producción y almacenamiento de residuos nucleares, un canon a la generación hidroeléctrica, un tributo para el consumo de gas natural, carbón, fuel oil y gasóleo ya sea directo o para generación eléctrica, al tiempo que elimina la prima a la energía producida por la utilización de un combustible fósil cuando en la generación se utilicen fuentes no consumibles. Además de estas medidas fiscales, introduce una modificación en la Ley del Sector Eléctrico que permite que los costes del sistema sean soportados, además de por los ingresos actuales del sistema, por partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado y del Tesoro Público.
En rueda de prensa con el presidente de la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables, Mariano Barroso, el consejero andaluz ha denunciado que esta norma “vuelve a ser un paso atrás en materia de compromiso con el medio ambiente y un desarrollo sostenible”, ya que perjudica a las energías renovables con el tributo homogéneo. “No es lo mismo gravar un proyecto que lleva 30 años funcionando y que está amortizado, que gravar un proyecto con dos años de funcionamiento”, ha explicado el consejero, quien ha lamentado que el Gobierno de Mariano Rajoy ponga en peligro el cumplimiento de los compromisos nacionales en esta materia, cifrados en un 20% de aportación de las fuentes renovables al consumo total de energía de la UE y el 20% de ahorro de energía en 2020.
El consejero ha señalado que Andalucía “perdió mucho” con la moratoria de las primas a las renovables y “perderá mucho” con la Ley que se está ultimando en las Cortes. Según sus explicaciones, la reforma afecta a 7.840 instalaciones de distinto tipo, siendo el más perjudicado el de la energía termosolar, de la que el 50% de la potencia instalada de España se encuentra en esta comunidad autónoma. Peligra además el desarrollo de las plantas de biomasa (una energía renovable con la mayor tasa de creación de empleo verde), al tiempo que aumenta la inseguridad jurídica que, según Ávila, aleja a los inversores después de que la moratoria a las primas de las renovables haya amenazado la supervivencia 45.000 empleos y afecte en inversiones comprometidas, a casi 12.000 millones de euros (que podrían generar empleos directos para más de 38.000 personas) en instalaciones renovables ya priorizadas por la Junta de Andalucía que suponen 4.300 MW de potencia adicionales.
Apuesta de Andalucía
En este escenario, la Junta de Andalucía estudia la declaración de Proyectos Estratégicos, por su especial relevancia para el desarrollo económico, social y territorial de aquellas inversiones que posibiliten la implantación de grandes Plantas de Energías Renovables en Régimen Ordinario que vayan unidas a la puesta en marcha de un Plan Industrial. “Dispondrán de una tramitación preferente y urgente reduciéndose a la mitad los trámites”, ha explicado Ávila, quien ha añadido que se trata de inversiones “coherentes” con los objetivos de sostenibilidad económica, social, territorial y medioambiental, que generan valor añadido y empleo y que tienen un alto potencial innovador y de desarrollo tecnológico.
Del mismo modo, ante la falta de regulación por parte del Gobierno de España respecto al Balance Neto (potestad exclusiva del Estado), Andalucía va a impulsar en el ámbito de sus competencias una normativa que posibilite el autoconsumo en Andalucía. La apuesta es que los ciudadanos y empresas puedan consumir la energía que generen, especialmente a través de la tecnología fotovoltaica, toda vez que el autoconsumo es una oportunidad para mejorar el sistema energético que posibilita acercar la generación eléctrica a los centros de consumo, consiguiendo una mayor eficiencia al evitar, entre otras cuestiones, las pérdidas en la red eléctrica. El Real Decreto 1699/2011 abrió la puerta a estas instalaciones asociadas a centros de consumo.
La Junta de Andalucía, ha añadido el consejero, va a seguir apostando por las políticas de ahorro y eficiencia energética a través de su Orden de Incentivos (en vigor desde el año 2009 hasta el 2014, dando seguridad en el tiempo) y de los Fondos Reembolsables en un escenario en el que el Gobierno del Mariano Rajoy no tiene ninguna previsión al respecto para el ejercicio de 2013.
Por último, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha planteado al Gobierno central la necesidad de abrir un escenario de colaboración con las comunidades autónomas para el año 2013 para la ejecución de políticas de fomento de energías renovables y actuaciones de ahorro y eficiencia energética.
