La crisis que no cesa, y sus efectos devastadores sobre los recursos y expectativas económicas de las empresas, está erosionando fuertemente la negociación colectiva, ya que, en este contexto añade enormes dificultades a la negociación dificultando la adopción de acuerdos entre los representantes de los trabajadores y los empresarios.
Si a ello añadimos la contestación sindical a la aplicación de la reforma laboral, y por lo tanto la reivindicación de contenidos en las plataformas negociadoras alejados de la realidad, tanto en materia de flexibilidad como en los aspectos salariales, se explica el estancamiento del proceso negociador, ya que a 31 de agosto únicamente se habían registrado 1.302 convenios colectivos, de los cuales 993 eran revisiones, y 309 convenios colectivos firmados después de octubre de 2010 con inicio de efectos económicos a partir de enero de 2012, de los cuales suscritos realmente desde el 1 de enero de 2012 había menos de 250.
La adversidad económica está trastocando la composición del mercado laboral: empleo, negociación colectiva, y estructura y demografía de las empresas, están siendo brutalmente zarandeadas por la crisis.
Desde 2009 el número de convenios colectivos ha caído un 34%, y en términos de trabajadores cubiertos un 20%. La reducción de convenios colectivos es especialmente significativa en el ámbito de empresa, donde se ha producido una caída del 38%, disminuyendo el número de trabajadores cubiertos por estos convenios en un 42%. No obstante, a pesar de ello, la mayoría de los convenios que se firman son de ámbito empresarial (junto con los grupos de empresas suman un 74%), si bien su importancia en cuanto al número de empresas cubiertas es prácticamente nula, al suponer sólo un 8% de los trabajadores.
Por lo que se refiere al tamaño de las empresas, los datos del DIRCE sobre estructura y demografía empresarial a 1 de enero de 2012, ponen de manifiesto que el número de empresas activas disminuyó un 1,6% durante 2011, situándose en 3.199.617, siendo el cuarto año consecutivo en el que se reduce el número de empresas activas. Debe precisarse que 1.764.987 de estas empresas no tiene asalariados, y que además otras 867.552 (el 27,1% del total), tiene entre uno y dos empleados, de forma que si sumamos estos dos grupos resulta que más de ocho de cada diez empresas tiene dos o menos asalariados.
Nuestra estructura empresarial es de microempresas, en algunos sectores muy endeble, pero también en la mayoría de ellos muy flexible. El 86,8% de las empresas inscritas en la Seguridad Social tienen menos de 10 trabajadores (aunque emplean al 21,7% de los trabajadores por cuenta ajena afiliados) mientras que las empresas de más de 250 trabajadores no son más que el 0,35% de las inscritas, empleando a un 40% de trabajadores.
Lo señalado muestra una foto fija de la negociación colectiva española, en la que el 91% de los trabajadores está cubierto por un convenio colectivo, y dentro de ellos la gran mayoría (un 71% del total, un 78% de los cubiertos por convenio colectivo) se rige por un acuerdo sectorial de ámbito superior a la empresa, fundamentalmente de ámbito provincial o estatal.
La prevalencia aplicativa del convenio de empresa y por lo tanto la invitación a negociar en este ámbito, es la gran apuesta de la reforma laboral, ya que se parte de la premisa de que la introducción de medidas de flexibilidad y competitividad es más fácil de llevar a cabo en ese ámbito de negociación.
No obstante, negociar convenios de empresa con la estructura y demografía que éstas tienen en España, no será fácil, entre otras razones porque requiere previamente hacer un análisis de las potencialidades y de la organización de las mismas, ya que se van a fijar condiciones sin saber qué va a hacer el resto del sector, también supone tener en cuenta y asumir las tensiones que la negociación implica en el día a día de la empresa, y supone dar explicaciones, e información, cifras y objetivos de futuro, y además, asumir unos costes, mucho más altos que los que comporta la cobertura de un convenio sectorial. Habrá que elegir, entre comprar el traje en un gran almacén o acudir al sastre, sabiendo que éste no tiene el mismo precio.
A corto plazo puede que los convenios sectoriales de cualquier ámbito territorial sean una curiosidad histórica, ya que hay cuatro caminos para hacerlos inaplicables: la prioridad aplicativa absoluta del convenio de empresa; el descuelgue tradicional; la inaplicación de todas las condiciones de trabajo pactadas sectorialmente y la pérdida de la ultraactividad si no se renegocia el convenio del sector, y que todas estas opciones no son alternativas, sino que pueden ser acumulativas. Ahora bien, todo esto está por ver, la realidad es muy tozuda y no es fácil que “si queremos que todo siga como está, será necesario que todo cambie”.
Lo que no cabe duda, es que el alcance de todo esto se verá en breve, tal vez el próximo año podamos atisbarlo.
El retraso negociador motivado por la reticencia empresarial a firmar convenios mientras no estuviera claro el marco legal, a estas alturas ya ha desaparecido, de forma que la tardanza no se puede achacar a esto. Es la crisis, la tremenda crisis quien dicta sus normas, quien marca el paso y dibuja el mapa de la nueva estructura negocial española, probablemente muy distinta de la que conocemos en la actualidad.
Este es el tiempo que exige a los interlocutores sociales la revisión de su papel, el cambio. Lo nuevo no termina de nacer, pero lo viejo ya no sirve.
