Se puede decir que un hogar está en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda.
En España, según el estudio “Pobreza Energética en España. Análisis de Tendencias” realizado en 2014 por la Asociación de Ciencias Ambientales se estimaba que en 2012 (el último año con datos disponibles) un 17% de los hogares residentes en España, con una población estimada de 7 millones de personas, estaban destinando más del 10% (el doble de la media) de sus ingresos anuales al pago de la factura energética del hogar. También para 2012, se estimaba que el 9% de los hogares, equivalente a 4 millones de personas, se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno.
En dicho estudio se puso de manifiesto la cada vez mayor dificultad, desde que empezó la crisis económica, de los hogares españoles para mantener su vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos y/o estaba dedicando un alto porcentaje de sus ingresos para satisfacer sus necesidades básicas (calefacción, refrigeración, cocina, iluminación, agua caliente sanitaria,…).
Además, se pusieron de manifiesto las graves consecuencias sobre la salud que se derivan de habitar una vivienda a una temperatura inadecuada, que, en su versión más extrema llega a causar la muerte prematura de miles de personas cada año.
Actualmente, son muchas las propuestas parlamentarias, tanto a nivel estatal como autonómica, iniciativas de la administración local, organizaciones sociales, etc. que están intentando impulsar medidas y políticas que mitiguen esta situación. No obstante, aún no existe una política integrada a nivel estatal que permita coordinar actuaciones y dar una respuesta global a esta problemática.
Si bien la Comisión Europea en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas obliga a los Estados Miembros a desarrollar planes para abordar esta temática, dicha trasposición está pendiente en España, aunque en el caso de Cataluña ha sido incorporado en su planificación energética para 2015.
Una de las herramientas es el denominado bono social es un mecanismo creado por el Gobierno para proteger a los ciudadanos que pertenecen a determinados colectivos.
Dicho mecanismo se puso en marcha el 1 de julio de 2009 y, en la actualidad ha sufrido modificaciones, pero tienen derecho a acogerse al bono social los consumidores denominados vulnerables, definidos en el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, como los consumidores de electricidad que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen.
Sector eléctrico
• Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica.
Energía eléctrica
• Orden ETU/1948/2016, de 22 de diciembre, por la que se fijan determinados valores de los costes de comercialización de las comercializadoras de referencia a incluir en el cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor de energía eléctrica en el período 2014-2018.
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