La Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios es el principal instrumento jurídico que aborda este tema en el contexto de los objetivos de eficiencia energética fijados para 2020.

El artículo 9 de la Directiva establece como objetivo específico que antes de que finalice el año 2020 todos los edificios nuevos tengan un consumo de energía casi nulo o muy bajo. Además, la cantidad de energía casi nula o muy baja que requieran esos edificios deberá proceder en una proporción muy significativa de fuentes de energía renovables.

Las disposiciones nacionales que transpongan los requisitos del artículo 9, apartado 1, de la Directiva tendrán que garantizar que a 31 de diciembre de 2020 todos los edificios nuevos tengan un consumo de energía casi nulo. Ese mismo objetivo de consumo pero con una fecha límite más temprana, a saber el 31 de diciembre de 2018, se aplica a los edificios nuevos que sean propiedad de las autoridades públicas y que estén ocupados por ellas. Esto aportará a los operadores económicos un marco jurídico nacional transparente para los requisitos de eficiencia energética que hayan de cumplir los edificios nuevos a finales de 2020.

Paralelamente a los requisitos aplicables a los edificios nuevos, la Directiva dis

pone que los Estados miembros apliquen políticas de apoyo que fomenten la adaptación del parque inmobiliario existente a unos niveles de consumo de energía casi nulo.

La Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios se está revisando en estos momentos. Los principios que rigen los edificios de consumo de energía casi nulo constituyen uno de los pilares de la Directiva actual y han de convertirse en la norma para los nuevos edificios a partir de 2020. La revisión en curso evaluará si se precisará o no para 2030 la adopción de medidas complementarias. Es fundamental que para 2020 se cumplan ya plenamente los requisitos en materia de edificios de consumo de energía casi nulo.

Esa necesidad viene sustentada por el artículo 9, apartado 4, de la Directiva, que prevé la posibilidad de que la Comisión dirija a los Estados miembros una recomendación sobre los edificios de consumo de energía casi nulo, en este sentido, se publica esta norma.

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